Nuestra Senior MARCELA ALDAY escribió la siguiente columna de opinión en la revista Electricidad (Nº 169 de Marzo 2014)sobre la licitación de terrenos de Bienes Nacionales para proyectos de generación de energía. Esta nota fue recientemente publicada también en el portal Central Energía.

En diciembre de 2013, el Ministerio de Bienes Nacionales abrió una licitación pública para el otorgamiento de concesiones de uso oneroso, de terrenos emplazados en siete sectores de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y de Atacama.

Estos paños de terrenos varían entre las 285 y 1.156 hectáreas de extensión, en donde cada concesionario deberá elegir una superficie de 150 hectáreas, en el plazo de un año, para construir un mínimo de 350 MW.

Esta iniciativa deja entrever el interés del saliente Gobierno por promover proyectos de generación eléctrica, con una evidente inclinación por la termoeléctrica. En efecto, todos los terrenos a licitar se emplazan en zona costera, lo que es ideal para obtener el agua para el proceso de enfriamiento de los condensadores; además, por las superficies máximas que deben elegirse (150 hectáreas) y la potencia que se exige instalar –350 MW− no cabe otra posibilidad de planificar en ellos proyectos de generación termoeléctrica.

La pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué ganan las empresas participando en estas licitaciones? Esto, porque una cantidad importante de proyectos de generación termoeléctrica han sufrido problemas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y/o en los Tribunales de Justicia, a raíz de sus tramitaciones ambientales. Lo ideal habría sido darles alguna seguridad a los oferentes, en este sentido.

Una herramienta idónea para aquello está disponible en nuestra legislación ambiental y corresponde a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Uno de sus objetivos principales es fortalecer y facilitar la evaluación de impacto ambiental de proyectos. La EAE está definida en la Ley 19.300 como “el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en el dictamen de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales”.

En este caso una EAE voluntaria habría facilitado enormemente el camino a las empresas interesadas en la construcción de proyectos de generación de energía, en los sitios que hoy ofrece el Ministerio de Bienes Nacionales. De esta forma, se habrían abordado anticipadamente, entre otras, las preocupaciones y demandas de la ciudadanía, detectando y buscando soluciones tempranas y quizás consensuadas a conflictos como los surgidos en los proyectos de Castilla, Punta Alcalde y Barrancones.

Una EAE habría permitido escuchar, tanto a quienes están a favor como a quienes se oponen a estas iniciativas en los emplazamientos que hoy ofrece el ministerio, evitando que la discusión se diera en el marco del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto a presentar, y fortaleciendo la Resolución de Calificación Ambiental frente a demandas judiciales.

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Nuestra Senior Marcela Alday participó como experta en el reportaje central de la revista Electricidad de Mayo (Nº 171), sobre la generación termoeléctrica y su importancia en la matriz energética.

La sequía que ha afectado al país ha impulsado la carbonización de la matriz, una tendencia que se mantendría en el mediano plazo, en el contexto de una industria eléctrica que adquiere este insumo principalmente en el extranjero.

Factores como una menor hidrología han incidido en que la termoelectricidad haya ido tomando mayor fuerza en los últimos años, adquiriendo el carbón un rol relevante en ese escenario, tal como se desprende del informe anual de operación eléctrica 2013, elaborado por Electroconsultores, que considera datos del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC) y de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Es así como mientras en 2012 el 25,45% de la generación bruta total en el Sistema Interconectado Central (SIC) fue a partir de carbón, en 2013 ese porcentaje llegó al 33,35%.

Estos datos van en línea con el volumen de proyectos a carbón que han ingresado al SIC en los últimos años, como ha sido el caso de las centrales Guacolda III (135 MW) y IV (139 MW), Ventanas III (240 MW), Coronel I (343 MW), Bocamina II (342 MW), y Campiche (242 MW); una situación que es todavía más patente en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), donde en 2013 el 81,9% de la generación bruta total se explicó por el uso de dicho insumo.

Insumo relevante

Según datos del Ministerio de Energía, en 2013 entre el SIC y el SING se consumieron poco más de 12 millones de toneladas de carbón.

De ese total, alrededor de cuatro millones de toneladas anuales corresponden a AES Gener, volumen que destina a sus centrales Norgener, Angamos y Ventanas, un número que aumentaría en los próximos años cuando entre en operaciones la termoeléctrica Cochrane.

Colbún, en tanto, consume anualmente un millón de toneladas de carbón, debido a su complejo Santa María, que actualmente tiene en operación solo a la primera unidad, donde se opera con mineral del tipo bituminoso que contenga bajos niveles de azufre y de cenizas.

La preponderancia del carbón en la matriz energética nacional se mantendría en el mediano plazo, con el desarrollo de nuevas termoeléctricas, como es el caso de la segunda unidad de la central Santa María de Colbún, la quinta unidad de Guacolda, y Punta Alcalde, en el SIC, y el proyecto Infraestructura Energética, perteneciente a E-CL, en el SING.

En esta línea, en el Informe Técnico Preliminar (IPT) de precios de nudo, correspondiente a la fijación tarifaria de abril de 2014, se incluyó un programa o recomendación de 30 obras de generación a través de las cuales la autoridad refleja lo que está viendo en materia de evolución de costos de la energía. En el documento se estima que en el periodo 2017-2023 el SIC podría sumar 2.189 MW de capacidad instalada, de los cuales el 31,2% corresponde a carbón, para lo cual se consideran dos centrales para 2020 y 2021.

Licencia ambiental y social

Marcela Alday, ingeniera senior de Jaime Illanes y Asociados Consultores, comenta que “esta tendencia sigue el comportamiento de otros países, como Estados Unidos. De acuerdo con el Informe Annual Energy Outlook 2013 del U.S. Energy Information Administration, las plantas de generación a carbón seguirán siendo, al menos hasta 2040, las mayores productoras de energía de ese país, con una participación que no baja del 35%”.

Declaraciones que van en línea con los dichos de Luis Felipe Cerón, gerente general de AES Gener, quien en el marco del seminario “El Shock Eléctrico que el País Necesita”, organizado por Sofofa, señaló que a nivel mundial este combustible representa el 41% de la matriz, agregando que a costos variables de US$100/ton en carbón y US$12/MMBTU en gas, el mineral es aproximadamente US$40/MWh más económico.

Sin embargo, Marcela Alday advierte que “proyectar y llegar a construir y operar nuevas centrales a carbón implica hoy a los inversionistas desarrollar proyectos de altos estándares ambientales, que no se circunscriban exclusivamente al cumplimiento de lo que está normado, y realizar un proceso de sociabilización del proyecto que permita obtener la licencia ambiental, pero también la licencia social. La dictación de las normas de emisión para centrales termoeléctricas fue un avance importante, fijando límites bastante estrictos para las emisiones por chimeneas, pero deben atenderse adecuadamente otras problemáticas como son el uso de agua para enfriamiento, el manejo del combustible y de los residuos sólidos que se generan”.

Frente a estos requerimientos destacan acciones como la formación de la Unidad de Participación y Diálogo, en el Ministerio de Energía; y el anuncio del ministro de Hacienda Alberto Arenas de que en la primera quincena de mayo se daría a conocer el programa energético del Gobierno, el que abordaría aspectos como la mejora de los instrumentos de ordenamiento territorial y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Carbón nacional

Pese a la importancia que posee el carbón como insumo energético de la matriz nacional, alrededor del 90% del mineral que se consume en Chile es importado. Es así como AES Gener obtiene gran parte de este combustible desde países como Colombia, Australia, Indonesia y Estados Unidos, una situación que se repite con Colbún, cuyo carbón es 100% importado y adquirido a través de licitaciones internacionales que realiza cada seis meses.

Sin embargo, en el último tiempo la producción nacional de carbón ha ido adquiriendo una mayor relevancia con la actividad de yacimientos ubicados en las Regiones del Biobío y Magallanes (tal como se observa en la Tabla N°1). En el extremo sur destaca Mina Invierno, propiedad de empresas Copec y Ultramar, desde donde se extrajeron más de dos millones de toneladas métricas de carbón en 2013, llegándose incluso a exportar mineral a Europa y Asia.

Sebastián Gil, gerente general de Mina Invierno, comenta que a la fecha han realizado 36 embarques, 11 de los cuales corresponden al presente año, manteniendo “un mercado mixto, el que considera clientes locales e internacionales. Dentro de estos últimos podemos mencionar como destinopara nuestro carbón a Holanda, España y Asia”.

En ese contexto, el ejecutivo explica que “el carbón de Magallanes es del tipo sub bituminoso, con un poder calorífico cercano a las 4.200 kcal/kg. En cambio, el de Colombia es del tipo bituminoso, de aproximadamente 6.000 kcal/kg. Nuestro carbón tiene la ventaja de tener un menor contenido de azufre, lo que lo hace muy propicio para el nuevo estándar de emisiones. Además contamos con la ventaja de tener mayor cercanía y, por lo tanto, menores costos de transporte para atender a nuestros clientes nacionales”, haciendo hincapié en que “la meta de este año es producir en torno a 4,5 millones de toneladas de carbón”.

No solo carbón mineral

En octubre de 2013 la australiana Carbon Energy anunció la firma de un memorando de entendimiento con Antofagasta Minerals, para adquirir los derechos de la minera sobre el proyecto de gasificación subterránea de carbón que se evalúa en el depósito Mulpún, Región de Los Ríos. Jodie Springer, investor relations manager de la empresa australiana, explica que aunque dicho acuerdo expiraba en febrero pasado, han continuado las conversaciones con la empresa nacional, y la búsqueda del financiamiento y los potenciales participantes, con el objetivo de ser el socio tecnológico para el proyecto.

Conclusiones

• Mientras en 2012 el 25,45% de la generación bruta total en el SIC fue a partir de carbón, en 2013 ese porcentaje llegó al 33,35%.
• Se estima que en el periodo 2017-2023 el SIC podría sumar 2.189 MW de capacidad instalada, de los cuales el 31,2% corresponde a carbón.
• La termoelectricidad a carbón debe lidiar con factores como las mayores exigencias ambientales y la licencia social.
• Alrededor del 10% del carbón que consume la industria nacional en Chile proviene de yacimientos ubicados en las Regiones del Biobío y de Magallanes, destacando el proyecto Mina Invierno.

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Reportaje de revista Qué Pasa Minería (edición #26, 14 abril de 2014) donde se hace referencia al estudio "Activismo Medioambiental 2.0" de nuestra empresa y Jaime Illanes Piedrabuena participa como entrevistado.

Se estima que más de un 50% de los chilenos en Facebook se ha unido a un grupo para manifestarse en contra de un proyecto industrial. Los más criticados son los relacionados con la minería y la energía. Sin fórmulas o recetas, los expertos coinciden en que tener una estrategia para hacer frente a los nuevos movimientos sociales, o activismo 2.0, es un must.

Luego de que a fines de agosto de 2010 la Comisión Regional de Medio Ambiente de Coquimbo aprobara la construcción de la termoeléctrica Barrancones de la empresa Suez Energy en Punta de Choros, en la comuna de La Higuera la reacción de los movimientos contrarios al proyecto no se hizo esperar.

Las alarmas se encendieron, y a través de redes sociales como Twitter y Facebook, grupos ciudadanos y ambientalistas detractores de la iniciativa se organizaron para salir a la calle y manifestar su descontento, marcando un precedente en la forma de manifestarse en Chile. Unos días más tarde, el entonces presidente Sebastián Piñera anunció que Barrancones tendría que ser reubicada, dejando así a la empresa sin más opción que abortar la construcción de la termoeléctrica, pese a contar con todos los permisos ambientales.

Desde entonces, diversos movimientos ciudadanos a través del activismo 2.0, han sido parte del debate en las redes sociales, generando una nueva forma de organización en contra de iniciativas energéticas o mineras.

Para Carlos Orrego, director de Tecnología en Brandmetric -firma especializada en el análisis de este tipo de información-, éste fue el hito que marcó un antes y un después en la forma en que se habían desarrollado las manifestaciones en Chile. “Si bien el movimiento estudiantil en 2006 utilizó mucho la comunicación 2.0, lo que pasó con Barrancones fue un levantamiento espontáneo, que luego declinó de forma abrupta con su cancelación, aunque la gente siguió hablando de estos temas luego de que otros proyectos fueran aprobados”.

La nueva calle

Los canales de comunicación han cambiado, al igual que la forma en que los chilenos se están informando del acontecer nacional y están dando su apoyo a las manifestaciones relacionadas al medioambiente. Según el segundo estudio Activismo 2.0, realizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, en conjunto con la consultora medioambiental Jaime Illanes y Asociados y el think tank TrenDigital, la penetración de las redes sociales ha aumentado de forma significativa, y si en marzo de 2013 un 93% de los encuestados aseguró tener cuenta en Facebook y un 52,3% en Twitter, en noviembre de ese año el porcentaje aumentó a 95,2% y 56,6% respectivamente.

Para el periodista e investigador de la UC Daniel Halpern, el acceso a estos canales ha significado que las personas tengan más posibilidades de sacar la voz y expresar lo que piensan. “Esto es relevante porque la gente puede dirigir sus ideas o críticas no sólo a sus pares o medios de comunicación, como anteriormente se realizaba, sino que también a públicos de interés, como organizaciones, activistas, dirigentes e inclusive a las mismas empresas”, dice Halpern.
Según los encuestados, sólo el 11,7% se unió a una funa, un 26,9% participó en una marcha autorizada, un 29% a un evento de apoyo, un 46% firmó una petición y el 32,7% asistió a foros sobre el tema en 2013. “Este hecho ha empoderado a la sociedad en general ya que les ha dado voz a personas que antes no tenían, por lo que su nivel de eficacia política también ha aumentado y creen que pueden cambiar cosas”, agrega el experto.

De hecho, el estudio de Halpern arrojó que el 50,6% de los encuestados se habían unido a algún grupo en Facebook para detener proyectos y un 52,3% aseguró haber posteado en contra de éstos, dado que consideran que tendrían algún impacto ambiental asociado.

Las iniciativas que la gente reconoce haber visto con más frecuencia en las redes sociales son Pascua-Lama con un 42,4%, HidroAysén con un 36,7%, y Alto Maipo con un 2,57%. Y, entre los datos arrojados por el estudio de Halpern, se demuestra que mientras las manifestaciones online en contra de este tipo de proyectos han ido en aumento, las manifestaciones offline habrían disminuido. En marzo de 2013, el 21,9% de los encuestados dijo que participó de una marcha y un 72,5% había conversado con amigos sobre el tema, mientras que en noviembre estos porcentajes cayeron a 19,8% y 63,5%, respectivamente.

Para Orrego, aunque la penetración de Facebook es mayor (superando las 9 millones de cuentas en Chile), al ser privado, no genera las mismas instancias que genera Twitter, que es abierto y tiene poco más de 4 millones de cuentas en el país. “Twitter es la marcha en la calle, y Facebook es la conversación en la casa. Las fan pages (páginas de fans) agrupan, pero son más lentas las interacciones entre los participantes, mientras que Twitter es inmediato. Y los medios de comunicación están haciendo eco de estos movimientos, dándoles espacio en sus líneas editoriales”.

Es en estas áreas donde los movimientos ambientalistas y ONGs han enfocado sus fuerzas para difundir a la población sus argumentos y sumar seguidores. Más de un 50% de los usuarios dijo haber recibido información de Patagonia Sin Represas a través de redes sociales, un 42,7% de Greenpeace, y un 34% de Chile sin Termoeléctricas, un aumento de un 18% con respecto a la última medición, realizada en marzo.

“Esto no es una moda. Este tipo de activismo llegó para quedarse”, dice Halpern. Para el investigador, hay que entender que gran parte de los chilenos tienen una vida social online: “Son usuarios de las redes y una parte importante de su tiempo la pasan comunicándose e informándose por esta vía, por ende, los mensajes que les llegan sí inciden en su concepción del mundo”.

Sin recetas

Los expertos coinciden en que no con siderar este tipo de activismo como una prioridad dentro del desarrollo de las grandes iniciativas es un error. El consultor medioambiental Jaime Illanes, de Jaime Illanes y Asociados, considera que a las compañías les ha costado adaptarse a estos nuevos canales de información. “En general, no han sido capaces de leer el entorno y responder a argumentos que a veces sí son válidos”. A esto, agrega que “las redes han permitido que el reclamo no sólo sea local, sino que en algunas ocasiones pase a ser nacional. Es por eso que para mejorar la relación empresa-ciudadanía es fundamental encontrar un lenguaje en común”.

Orrego coincide en que generalmente las firmas no tienen considerado lo que se dice de ellas en las redes sociales. Eso sí, hace diferencias entre un rubro y otro: mientras las empresas energéticas han limitado su participación en las redes, pese a la alta visibilidad que han generado sus proyectos, dice que las mineras tienden a seguir de cerca lo que se habla de ellas, para hacer un uso inteligente de la información, tratando de identificar a los líderes de los movimientos para generar canales de comunicación con ellos. “Algunas empresas mineras no quieren aparecer en las redes. Prefieren el silencio y escuchar, para identificar el momento en que la situación pueda ser desfavorable”. Varias de ellas tienen cuentas oficiales en Twitter o sus voceros manejan cuentas en representación de su compañía.

“En casos como el de HidroAysén o Alto Maipo, que son complejos, no basta con tener un encargado de redes sociales”, agrega Orrego. “Si bien no existen recetas que te aseguren el éxito, sí se necesita tener una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Lo ideal es ser el actor principal de su propia conversación, aunque los odien y reciban sólo comentarios negativos, hay que estar ahí, y entregar el mensaje”.

Para Halpern, es necesario que las compañías lean las demandas ciudadanas y respondan frente a aquellas que son legítimas, y deben aprender a conversar con las personas y a no temer que los ataquen. “Además, deben disponer de tiempo y recursos para conversar y explicar por esta misma vía sus proyectos y estar dispuestos a ponerse bajo el escrutinio público en este nuevo contexto”, dice el investigador y agrega: “Muchos usuarios apoyan estos movimientos porque no saben ni siquiera cuál es la versión de la empresa. Éstas tienen que aprender a defender y a desarrollar respuestas capaces de explicar a las personas su visión con respecto a los temas más controversiales”.

El sistematizar la información a partir del diálogo que se genera en las redes es lo primero. Así lo explica Illanes, quien dice que desde acá se pueden extraer datos que mejorarán la gestión de las comunicaciones. “Se puede entender la dinámica de los grupos que se forman alrededor de estos proyectos estudiando las redes y los contactos a través de los cuales fluye la información”, dice el consultor. “No todos los proyectos de inversión son malos, pero claramente muchas empresas no están utilizando las herramientas del siglo XXI para dar a conocer sus proyectos y entablar un diálogo con la ciudadanía que permita validarlos”.

“En esto no hay fórmulas comprobadas, todo es tan nuevo que es de ensayo y error”, señala Orrego. Agrega que entregar contenidos de calidad, crear comunidad y conversar con la gente es uno de los primeros pasos. “Dar la cara siempre es bueno, y difundir las cosas positivas del proyecto también es necesario para que el debate sea más equilibrado”. Dice que identificar a los que hacen más ruido, sacando a los famosos o a los trolls (gente que se dedica a agredir y tratar mal a los demás en las redes), e invitarlos a conocer más de los proyectos es una estrategia que puede servir para disminuir el ruido. “Quedarse callado y no entregar el mensaje es lo peor que puede suceder cuando todos están hablando de ti en las redes”.

Por América Rodríguez A.

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