Como ya ha sido noticia largamente discutida, el año pasado el proyecto Minero Portuario Dominga finalizó su tramitación ambiental con un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que recomendaba su aprobación, validando el trabajo técnico realizado por JIA, que consideraba todas las variables ambientales necesarias para su aprobación. Sin embargo, por razones eminentemente políticas y con argumentos de calidad dudosa, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo (CEA Coquimbo), en su votación, actuó en contra de lo recomendado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) y rechazó el proyecto.

En esas circunstancias, nuestro cliente (Minera Andes Iron Spa) se vio obligado a presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, ya que esa es la siguiente instancia a la que se puede hacer una reclamación si se considera que la decisión de la comisión regional presenta dificultades de forma o de fondo. Al mismo tiempo, terceros que estaban en contra del proyecto presentaron recursos de reclamación (lo que fueron acogidos a trámite), y finalmente el Comité decidió mantener el rechazo al Proyecto, con las repercusiones políticas que ya todos conocemos (renuncia de ministros y demases).

El paso siguiente en el camino legal que tenía Andes Iron era presentar una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, cosa que se hizo, siendo esta acogida a trámite, teniendo como argumento la ilegalidad de la votación de la CEA de Coquimbo, puesto que para votar en contra de la recomendación del SEA, debe fundamentarse el voto, cosa que no aconteció.

Finalmente y después de casi un año en el Tribunal Ambiental, éste le dio la razón a Andes Iron y ordenó que la tramitación ambiental del proyecto se retrotraiga hasta antes de la votación de la CEA de Coquimbo, de modo que se vuelva a votar el proyecto regionalmente.

En su fallo, el Tribunal Ambiental hace ver la ilegalidad y arbitrariedad de la CEA en su votación inicial y también respecto de la del Comité de Ministros, y además señala que no correspondía que el Comité de Ministros acogiera a tramitación las reclamaciones de terceros (que estaban en contra del proyecto) debido a que el mismo estaba rechazado, y ellos no tenían nada que alegar.

Antes que se cumpla lo ordenado por el Primer Tribunal Ambiental, la Corte Suprema debe resolver un Recurso de Casación, presentado por Oceana. Lo que busca este Recurso es que la Suprema revierta el fallo del Primer Tribunal Ambiental.

Se espera que el fallo de la Suprema sea dictaminado dentro de los siguientes 6 meses. Si es a favor de quienes presentaron el recurso, entonces no habrá votación por segunda vez en la CEA de Coquimbo; por el contrario, si mantiene el fallo del Primer Tribunal Ambiental, a fines de año debería ocurrir una nueva votación en la Región. Si esta resulta favorable para Dominga, es del todo obvio que Oceana y otros volverán a presentar Reclamación ante el Comité de Ministros, y Andes Iron hará lo propio si el proyecto es nuevamente rechazado.

En JIA nos hemos caracterizado por participar de los proyectos más relevantes y complejos de Chile, con aristas comunicacionales y políticas; y hemos sido capaces de acompañar y dar servicio a nuestros clientes en este entorno de complejidad. Quizás es parte de nuestro sello y de nuestra propuesta de valor.

El proyecto Dominga es un ejemplo claro de este tipo de iniciativas y como empresa entendemos el costo que asumimos, así como los beneficios, los aprendizajes y el valor reputacional. Sin embargo, no podemos olvidar que lo único que nos va a mantener siempre en un rumbo de crecimiento es la calidad y la solidez de nuestro trabajo, ya que proyectos como este, si además de todos los embates que deben recibir, son cuestionados por nuestra calidad técnica, el impacto en nuestra organización sería incalculable.

Los instamos una vez más a trabajar con rigurosidad y ahínco en beneficio de nuestros clientes, sintiéndonos orgullosos de nuestro trabajo y del impacto que generamos en el país.